Desde un punto de vista hipotético, se puede plantear la oposición a una expropiación forzosa en el caso de que no concurra la causa de utilidad pública o interés social, si bien la realidad pone de manifiesto que esos conceptos jurídicos indeterminados son tan amplios que, realmente, esa posible oposición, salvo casos muy excepcionales, no prosperaría. La realidad pone de manifiesto que los derechos, bienes e intereses de los propietarios deben protegerse tratando de alcanzar el justiprecio adecuado que compense esos bienes y derechos, para lo que se deben utilizar adecuadamente los procedimientos y mecanismos legalmente establecidos.

Si bien el expediente expropiatorio es único e integra a todos los propietarios afectados, la pieza separada de justiprecio es el procedimiento individualizado donde se valoran los bienes y derechos expropiados y se forma una pieza separada para cada bien, terrero, finca o derecho expropiado sin que se puedan acumular diferentes terrenos, fincas o propiedades.  

No se puede reclamar si los plazos ya han transcurrido, lo que se puede reclamar es la reversión (devolución al propietario) de los bienes y derechos expropiados si los mismos no han sido destinados a un interés público o social, si bien en este caso debe pagar su justiprecio a la fecha de la reversión.

Tras la propuesta de mutuo acuerdo, el propietario, si no está de acuerdo, presentará su hoja de aprecio en el plazo legalmente establecido, esa hoja de aprecio es la valoración del propietario que se incorporará al expediente que la Administración deberá remitir al Jurado de Valoración competente, órgano que dictará la Resolución valorativa definitiva en vía administrativa, contra la que cabe, recurrir, inicialmente en reposición y, en su caso, en vía contencioso administrativa ante los Tribunales de Justicia.

Sí, habitualmente, la Administración no establece justiprecios ajustados al valor de mercado, debiendo el expropiado activar el procedimiento reseñado en la respuesta anterior.